Ayer 4 de mayo de 2025, un robo de cables de cobre en cinco puntos de la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla desencadenó un caos ferroviario que afectó a más de 10.700 viajeros y 30 trenes, dejando a miles de personas varadas durante horas en plena operación retorno del puente de mayo.
Lo que inicialmente parecía un delito común se convirtió en el epicentro de una tormenta política que ha avivado tensiones entre el Gobierno, la oposición y las autoridades ferroviarias, mientras se debate si fue un simple robo o un acto deliberado de sabotaje. Este incidente, además de exponer vulnerabilidades en la seguridad de las infraestructuras críticas, ha intensificado la polarización política en España.
El incidente: un robo que paralizó el AVE
El robo de aproximadamente 150 metros de cable de cobre ocurrió en los términos municipales de Los Yébenes y Manzaneque, en la provincia de Toledo, en puntos específicos de la línea AVE que conecta Madrid con Andalucía. Los cables sustraídos, esenciales para el sistema de señalización y seguridad que sensoriza las vías, provocaron la activación del modo seguro, reduciendo la velocidad de los trenes o deteniéndolos por completo.
Según el Ministerio de Transportes, los cortes se produjeron en los puntos kilométricos 92/850, 93/600, 99/750, 101/400 y 102/200, afectando la operatividad durante más de 12 horas.
La situación se agravó por un segundo incidente: un tren de la operadora Iryo sufrió un “enganchón” en la catenaria, lo que dejó sin energía a varios convoyes. Esto generó retrasos de hasta cuatro horas en algunos trayectos, como el AVE Sevilla-Valencia, y obligó a Renfe a reservar 220 habitaciones de hotel para los pasajeros afectados. La normalización total de la línea no se logró hasta las 14:00 del 5 de mayo, según informó el Ministerio de Transportes.
La hipótesis del sabotaje y la respuesta del Gobierno
El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como un “grave acto de sabotaje” y señaló que los autores “sabían a lo que iban”. En declaraciones a Onda Cero y la Cadena Ser, Puente destacó que el valor económico del cobre robado (estimado entre 300 y 1.000 euros) era insignificante frente al daño causado, sugiriendo que el móvil no era económico, sino deliberado. “Es una acción bastante coordinada, en una zona sin cámaras ni vigilancia”, afirmó, alimentando la teoría de que el objetivo era colapsar la red ferroviaria.
Puente visitó personalmente el lugar de los hechos en Manzaneque, donde observó que los ladrones vandalizaron cinco o seis cajas de seguridad que contenían cables de cobre de escaso grosor. “El móvil económico es difícil de entender. O fue para causar daño o es un robo, pero la hipótesis del daño deliberado es la más plausible”, insistió. El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha encargado a la Guardia Civil una investigación exhaustiva, que incluye la posibilidad de que mafias organizadas, algunas de Europa del Este, estén detrás del incidente.
Sin embargo, la Guardia Civil ha adoptado una postura más cautelosa, indicando que es prematuro clasificar el acto como sabotaje. Según fuentes del cuerpo, el modus operandi coincide con robos comunes de cobre: los autores actuaron de noche, en un domingo (día habitual para este tipo de delitos), en zonas sin vigilancia, y usaron bolsas de plástico en los pies para no dejar huellas. Aunque la coordinación de los cortes en cinco puntos sugiere planificación, no se descarta que el objetivo fuera económico, dado el alto precio del cobre en el mercado negro (hasta 10.000 euros por tonelada).
La reacción de la oposición: críticas y politización
El incidente no tardó en convertirse en un arma arrojadiza en el tablero político. El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lamentó en X las “imágenes impropias de la cuarta economía del euro” y acusó al Gobierno de ofrecer servicios deficientes a cambio de impuestos elevados. “Miles de españoles atrapados en trenes de madrugada. Sin agua. Sin nada. España tiene que volver a funcionar”, escribió.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), fue más lejos, calificando el incidente como parte de una “calamidad diaria” que supone un “bochorno internacional” y un “daño a la economía”. Por su parte, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), exigió al Gobierno “alternativas” y “máxima prioridad” para resolver la crisis, subrayando la importancia de la conexión Madrid-Andalucía en fechas clave como la Feria de Abril.
Vox también se sumó a las críticas, asegurando que los españoles “pagan impuestos de países nórdicos y reciben servicios del tercer mundo”. Mientras tanto, desde Sumar, la formación de Yolanda Díaz pidió “mayor transparencia” y una “investigación exhaustiva” para esclarecer los hechos y garantizar indemnizaciones a los afectados.
En las redes sociales, el debate se polarizó aún más. Algunos usuarios, como @Javier_Rol
, especularon sobre un “complot político de la derecha”, mientras que otros, como @GabrielAraujoES
, rechazaron la tesis del sabotaje, atribuyendo el incidente a la “incompetencia” en la lucha contra las mafias del cobre.
Un problema estructural: el auge de los robos de cobre
El robo de cobre no es un fenómeno nuevo en España. En 2024, las Fuerzas de Seguridad registraron 4.433 incidentes de este tipo, un 87% más que en 2019, con Castilla-La Mancha (799 casos) y Andalucía (745 casos) como las regiones más afectadas. En total, se detuvo a 987 personas por estos delitos. La Guardia Civil ha intensificado los controles, recuperando 62 kilómetros de cable solo en 2025, pero las bandas organizadas, a menudo de origen internacional, siguen operando con sofisticación.
El cobre, cuyo precio ronda los 9.000 dólares por tonelada, es un objetivo atractivo para los delincuentes, que lo revenden en fundiciones ilegales o lo exportan a mercados como China. Sin embargo, los expertos señalan que el impacto de estos robos va más allá de lo económico: al afectar infraestructuras críticas como el AVE, comprometen la seguridad y la confianza en el sistema ferroviario.
Para prevenir futuros incidentes, se plantean soluciones como sustituir el cobre por aluminio o fibra óptica, enterrar los cables en conductos reforzados, instalar sensores de detección temprana y aumentar la videovigilancia en tramos vulnerables. Sin embargo, Puente reconoció que la falta de cámaras en la zona afectada facilitó el robo, lo que ha llevado a propuestas para reforzar la seguridad de las líneas ferroviarias.
Consecuencias y lecciones pendientes
El caos del 4 y 5 de mayo ha dejado heridas abiertas. Los pasajeros, atrapados durante horas sin información clara, han expresado su frustración por la gestión de Renfe y Adif, que continuaron vendiendo billetes pese a conocer el incidente desde las 18:10 del domingo. La ausencia de un plan de contingencia eficaz ha sido una de las principales críticas, como señaló Pablo López, presidente de la Asociación de Usuarios AVANT.
Políticamente, el incidente ha reforzado la narrativa de deterioro de los servicios públicos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras el Ejecutivo defiende que se trata de un acto delictivo difícil de prever. La investigación de la Guardia Civil será clave para determinar si, efectivamente, hubo sabotaje o si el robo fue obra de delincuencia común. Hasta entonces, el caso del cobre robado en el AVE seguirá alimentando una tormenta política que refleja las profundas divisiones en la España de 2025.